Argentina. 1890-1920, consolidación de una economía dependiente

COMO LA BURGUESÍA NACIONAL ARGENTINA FORTALECIÓ UNA ECONOMÍA SUBORDINADA AL CAPITALISMO INTERNACIONAL
Para 1880 simultáneamente al Estado se construyó una clase hegemónica producto de la alianza de distintos sectores de las burguesías regionales subordinadas a la burguesía terrateniente y comercial bonaerense. Este proceso se articuló con la nueva fase del capitalismo mundial, el desarrollo del capital financiero y el imperialismo.

El rápido crecimiento económico del período 1880-1916 como consecuencia de las exportaciones agrícola-ganaderas impuso transformaciones acordes a las nuevas condiciones de inserción en el mercado mundial. Las modificaciones en la infraestructura y a nivel de las relaciones socioeconómicas que requirió este proceso, se asentaron sobre el sometimiento de las formas tradicionales (adaptadas a los demandas del capital comercial de la etapa inmediatamente anterior). Este proceso generó formas diferenciadas de explotación de la fuerza de trabajo en los ámbitos rural y urbano y transformaciones de los marcos jurídico –políticos. Es mi intención dar cuenta de este proceso atendiendo a los diversos planos en los que se desenvolvió, y remarcar las características que lo definen como consecuencia necesaria del desarrollo capitalista.

· Las características del capitalismo dependiente y su relación con la crisis de 1890

La expansión de la frontera agrícola-ganadera a expensas del territorio indígena fue funcional a las necesidades del modelo de capitalismo dependiente sobre el que se estructuró el Estado nacional. La profunda transformación económica que derivó de esto, tiene su correlato en varios planos /frentes: el área triguera se multiplicó por ocho durante el período 1875 a 1888 , las exportaciones se duplicaron entre 1880 y 1889.¹ Creció el número de cabezas de ganado bovino mientras se producía un refinamiento del ganado criollo para mejorar su calidad, lo que requirió la consiguiente inversión de capitales y la aplicación de tecnología genética. Para 1900 la mayor parte del ganado bonaerense había sido refinado², lo que sumado al desarrollo de la industria frigorífica provocarían la expansión de las exportaciones de ese rubro. Fue el ferrocarril uno de los elementos dinamizadores fundamentales de esta expansión y de la integración económica de las distintas regiones del país. Transportaba rápidamente la producción al puerto de Buenos Aires para ser exportada, y en su trayecto crecían pueblos donde se hacía las tareas de abasto y mantenimiento de locomotoras y formaciones. Pero al mismo tiempo que el ferrocarril hacía de cuña del modo de producción capitalista, conectando regiones según las necesidades e intereses de las elites provinciales y de la burguesía agroexportadora, también aceleraba un proceso de fragmentación y desestructuración económico-social de las regiones sobre las que avanzaba.

De los varios efectos de este proceso, hay uno de que daremos cuenta más adelante, y que hace a la explotación de la fuerza de trabajo en las zonas rurales.

También vinculó regiones cuya producción estaba destinada al mercado interno, como la zona azucarera de Tucumán y la vitivínicola de Mendoza. También estas producciones fueron subsidiadas por el Estado Nacional y beneficiadas con altos aranceles para la importación de azúcar y vino. Ambas agroindustrias requerían una fuerte inversión de capitales y estas medidas, sumadas a tarifas reducidas en el transporte ferroviario, las hacían económicamente viables.

Entre 1879 y 1892 el tendido de vías férreas pasó de 2516 Km. a 13682 Km.³, esto implica una fortísima inversión de capitales, tecnología y mano de obra, y nos impone atender el aspecto político y el económico de este crecimiento. En el plano político, fue el Estado el principal impulsor del ferrocarril, ya que es parte de su proceso de consolidación como poder hegemónico sobre la totalidad del territorio ampliado. La construcción de cada ramal va de la mano de compromisos electorales con las burocracias provinciales que representan los intereses de las elites regionales. En el plano económico, su construcción fue subsidiada ya que, como negocio, no tiene un recupero de inversión aceptable en el corto o mediano plazo. Por esa razón la concesión incluyó la entrega de las tierras aledañas a las vías. Las compañías fueron públicas, privadas o con capitales mixtos, y por lo tanto los préstamos obtenidos de la banca internacional (fundamentalmente inglesa) para su financiamiento pasaron a engrosar la deuda pública o privada, según el caso.

El desarrollo anterior está íntimamente ligado al desarrollo del sistema financiero, y éste a las necesidades del mercado de capitales internacional. Durante este período el Estado se financió tomando deuda. La “cuenta capital”, que refiere el ingreso y egreso de capitales, toma como ingreso los pagos por las exportaciones pero también los montos de los empréstitos tomados para sostener el funcionamiento estatal (los egresos son los pagos de los servicios de la deuda y las importaciones). Paul Samuelson define como “Ponzi game” una caraterística de las “economías emergentes” que toman deuda para pagar los intereses de la deuda ya contraida. Por supuesto esto tiene un límite, ya que en el mediano plazo los intereses acumulados hacen insostenible cubrir la deuda con nuevos préstamos. Este límite marca la crisis del sistema y es lo que define al período 1881-1890.

En 1881 se dicta la Ley de Unidad Monetaria que crea la moneda nacional, y hasta 1884 se adopta el patrón oro, que establece la relación entre el valor real de la moneda local con el precio internacional del oro. La emisión estaba a cargo de los Bancos, ya que nuestra Constitución reserva esa función al “mercado”. El Estado, por lo tanto, no puede emitir moneda, sino que se sostiene emitiendo letras de tesorería, garantizadas por sus reservas de oro. Estos bonos tenían valor de cambio, servían para pagar impuestos, pero eran deuda del Estado, y en la medida que eran comprados por compañías extranjeras, como la casa Baring, representan deuda externa.

La Ley de Bancos Garantidos de 1887, busca mejorar el circuito financiero y regular la emisión de moneda, reservando esta función sólo para los bancos que se ajustaran a la nueva norma. La Ley establecía que podían emitir por el valor de sus reservas en oro. Debían comprar el equivalente a su emisión monetaria. Pagaban en oro, que se depositaba en la Oficina de Inspección de Bancos Garantidos, lo que garantizaba el respaldo de la emisión. Esta medida hizo que muchos Bancos, sobre todo los Bancos Provinciales, tomaran créditos del exterior, endeudándose para comprar oro y entrar al negocio . Si bien las tasas de los préstamos eran superiores al beneficio inicial obtenido por la emisión, el beneficio radicaba en la colocación de préstamos en el mercado con tasas de interés más altas que las que intervenían en la etapa inicial de la operación.

Sin embargo a partir de 1885, cuando se abandona el patrón oro, se produce una depreciación constante del valor del papel moneda, pero el Gobierno lo aceptaba por su valor nominal. El Estado busca compensar las pérdidas imponiendo un impuesto adicional a las importaciones, pero al ser insuficiente esta medida, interviene en el mercado cambiario, trocando letras de tesorería por el oro depositado en los Bancos y que constituía el respaldo del sistema de Bancos garantidos. El circuito económico generado favoreció la especulación. El Estado paga sus obligaciones externas en oro y trata de sostener el tipo de cambio. La emisión de billetes aumenta pero el oro que debía respaldarla salía hacia Europa a ritmo creciente.

La caída de los precios de los cereales y otras exportaciones a fines de la década del 80, que licua el efecto del aumento del volumen exportado, confluye con la suspensión del crédito externo en 1889, y nos indica que los precios dependían exclusivamente del mercado internacional y eran fijados por una minoría que concentraba un gran poder económico y que regulaba el mercado mundial.

La especulación en la bolsa y medidas desacertadas de Juarez Celman aceleran una crisis política que culmina en una revolución de la que participa la Unión Cívica creada recientemente. Tras la renuncia de Juarez Celman asume Carlos Pellegrini, con Roca como Ministro del Interior.

El nuevo gobierno toma diversas medidas para afrontar la crisis económico financiera. Las reservas de oro eran mínimas. Pellegrini toma un empréstito interno, suscripto por los principales bancos del país, para pagar la deuda al principal acreedor , la compañía Baring. A pesar de saldar la deuda y de la intervención del Banco de Inglaterra, la Baring cae cuando no pueden responder con capital a los tenedores de los bonos de la deuda argentina que había emitido.

Para evitar la cesación de pagos el gobierno toma un “funding loan” o préstamo de refinanciamiento, con el Banco de Inglaterra, para pagar los intereses de la deuda y se compromete a no tomar otro préstamo hasta cancelar este.

Las interpretaciones de la crisis son diversas, Cortes Conde lo explica a partir de la expansión de la masa monetaria y de la Cuenta Capital. En cambio Ford define a la crisis del 90 como una crisis de crecimiento. Se aparta de la tesis monetarista y sostiene que los créditos fueron invertidos en aumentar la capacidad productiva del país, pero sus plazos de vencimiento fueron a un plazo más corto del necesario para ver los frutos de esa inversión.

· La inmigración en el ámbito rural

Los proyectos de Sarmiento y Alberdi coincidían en considerar a la inmigración como una de las soluciones a la escasa población del territorio, y a los “vicios y debilidades” criollas.

El ejército, la legislación, la leva forzada, fueron herramientas para reconvertir a indios y gauchos, e incorporarlos a las nuevas formas de explotación. Pero era necesaria la incorporación masiva de inmigrantes europeos para conformar el “mercado nacional” del proyecto sarmientino.

Si la intención original fue poblar el vasto territorio nacional, las condiciones de tenencia de la tierra en el ámbito rural y la creciente industrialización concentró el flujo inmigratorio en las ciudades. La expansión territorial no reprodujo el modelo norteamericano sino la concentración y el latifundio. En las zonas cerealeras de Santa Fe, sur de Córdoba y Litoral, la clase terrateniente va a delegar la explotación agrícola. Los inmigrantes que habían comprado tierras, pasaron a la condición de arrendatarios después de la crisis de 1874.

En la provincia de Buenos Aires, donde la clase terrateniente mantuvo el control de la explotación, la inmigración proveyó abundante mano de obra asalariada.

En Cuyo, la industria vitivinícola requería de mano de obra calificada y no calificada, con picos estacionales de mayor demanda. Las dificultades de la elite cuyana para sostener una oferta de mano de obra regular y disciplinada, las resuelve “tercerizando” la explotación. Contratan inmigrantes para atender los viñedos y delegar en estos el control de la mano de obra criolla. Acá prevaleció lo que Salvatore define como “discriminación étnica” y que tiene dos aspectos, uno explícito: el sistema de contratistas facilita a los inmigrantes una mayor ganancia y eventualmente, el acceso a la propiedad de la tierra y a su propio viñedo, excluyendo a la población criolla de esos beneficios y de la consiguiente movilidad social, limitándola a servir como mano de obra asalariada; y otro aspecto, subyacente, que lo determina como una “respuesta de clase de la elite terrateniente”⁷ para mantener su posición hegemónica y el control de la producción.

El concepto de “discriminación étnica” que Salvatore aplica al caso cuyano, tiene matices propios en cada región, pero me permito aplicarlo ya que creo que las diferencias son de forma. A la consideración peyorativa que se hace de criollos e indios, se suman las levas forzadas, y el marco legal coercitivo, herramientas para convertirlos en mano de obra no calificada, disponibles para actividades estacionales como la zafra, la vendimia y cosechas, o para trabajo forzado a través del sistema de endeudamiento.

Los inmigrantes proporcionan la mano de obra calificada en las distintas actividades rurales(también en las urbanas). El estar exento de las levas forzosas les da una ventaja adicional sobre los criollos, y aún en condiciones de igualdad socioeconómicas su condición de extranjeros los protege de los abusos y arbitrariedades a que está sometida la población criolla.

Uno de los objetivos originales de quienes promovieron la inmigración, fue modificar el régimen de propiedad y tenencia de la tierra, pero como dije anteriormente, esto no sucedió. Exceptuando algunos casos puntuales como las colonias extranjeras del litoral y pequeñas y medianas propiedades para la explotación de cultivos regionales (como el caso de la caña de azúcar en Tucumán y Santiago del Estero, y los viñedos en Mendoza), la tendencia fue la concentración de la tierra en manos de la oligarquía terrateniente. Y fue esta clase la que terminó beneficiándose con la inmigración, que le proporcionó abundante mano de obra, en general calificada, y por lo tanto la capacidad de regular la oferta de trabajo y bajar sus costos de mano de obra.

Las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra y la mayor demanda de mano de obra por el incipiente desarrollo de la industria, reorientó el flujo inmigratorio hacia las ciudades. El crecimiento demográfico, que benefició sobre todo a las provincias del Litoral, favoreció la expansión de relaciones capitalistas de producción y el desarrollo de un proletariado y semi-proletariado urbano que se dinamiza después de la crisis del 90.

· Surgimiento y desarrollo de la clase obrera

“(...) El proletariado como grupo social, sólo constituye la base para la formación de la clase obrera. Para conocer el proceso de su génesis como clase social debemos tomar en consideración los enfrentamientos sociales en los que se va constituyendo(...).”

Nicolás Iñigo Carrera

Si bien la crisis de 1890 detuvo la entrada de capitales, la inversión en maquinarias e infraestructura estaba hecha. El aumento de la población que provocó la inmigración tuvo como correlato la ampliación del mercado de consumo⁹. Cuando se superó la crisis creció la actividad industrial y también se intensificaron los conflictos al nivel de las relaciones sociales.

Son las huelgas, como instancia de lucha política y económica las que fortalecen el desarrollo de la clase obrera, a partir de 1870, con las primeras huelgas por rama de actividad.

Los inmigrantes, muchos de los cuales habían tenido experiencia de lucha y militancia en sus países de origen, participaron activamente en este proceso fundando periódicos, agrupaciones y sindicatos.

Tres tendencias anticapitalistas concentran a la mayor parte de la clase obrera y dirimen sus condiciones con la clase política: el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario.

En esta primera etapa el enfrentamiento es frontal y por fuera del sistema político. Esto es comprensible ya que el 70% de los trabajadores eran extranjeros y, por lo tanto no tenían participación política. La huelga con movilización de masas fue la herramienta de la clase obrera en este período, marcado por el predominio de las tendencias anarquistas en sus dos corrientes, la organizativa y la no organizativa o anarco-individualista (partidarios de la acción directa).

Los enfrentamientos armados con la policía son otra característica de esta etapa, la Huelga de inquilinos de 1907, la Semana roja en 1909 y la Semana Trágica de 1919 son algunos de los conflictos de mayor intensidad y enfrentamiento en Buenos Aires.

La lucha económica se articula con la lucha política y muestra la consolidación del movimiento obrero, ya que la instancia de la lucha económica sólo reafirma las relaciones capitalistas. Las demandas, a medida que se agudizan los conflictos, exceden el tema salarial y de condiciones de trabajo, y comienzan a incluir otro tipo de reivindicaciones, como la anulación de la Ley de Residencia.

Después de la Semana Trágica( 1919) hay un cambio de estrategia y un avance de los sectores socialistas y sindicales, sobre los movimientos anarquistas. Los socialistas tienen entre sus dirigentes algunos intelectuales argentinos, que favorecen la integración y la nacionalización de los partidarios extranjeros. Se inicia así, un proceso de argentinización del socialismo que favorecerá la participación política y le abrió la posibilidad de la representación parlamentaria.

La organización del movimiento obrero se dividió en dos centrales obreras de afiliación voluntaria, la FOA (anarquista) y la UGT (socialista). La primera, después de algunas alianzas y divisiones se constituyó como FORA.

Los ciclos huelguistas están directamente relacionados con las duras condiciones de explotación y el endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo. Desde el Estado aumenta la represión. Directa y frontal durante las huelgas en sí, y sistemática a través de la legislación. La Ley de Residencia de 1902, que castiga con la deportación a los extranjeros vinculados a los movimientos huelguistas, y la Ley de Defensa Social de 1910, también orientada a penalizar a los extranjeros, son promulgadas para impedir la sindicalización.

El fracaso de la clase gobernante para controlar lo que se denominaba “la cuestión social, derivan en campañas xenófobas y la organización de grupos parapoliciales, como la Liga Patriótica, que se suman a la policía en la represión de los enfrentamientos callejeros.

Sin embargo en ningún momento se modifica la política inmigratoria, ya que las ventajas relativas que representa esa masa creciente de mano de obra para la burguesía industrial y terrateniente, compensa ampliamente a las dificultades de su inclusión. En todo caso se suma a otros factores que imponen un cambio político que dé cuenta de estas transformaciones.

Además de los obreros había fracciones de la burguesía que habían quedado excluidas del poder político. La renuncia de Juarez Celman en 1890, no significó la caída del régimen sino su reordenamiento, y la reincorporación del mitrismo, pero mantuvo el mecanismo electoral fraudulento intacto.

La crisis económica del 90 alteró los términos de las alianzas al interior de la burguesía agroexportadora, surgieron capas medias de la población pertenecientes a fracciones de la burguesía sin representación, el movimiento obrero intensificaba el clima de agitación social, eran modificaciones que imponían ampliar la base política que legitimara al Estado.

La sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, es parte de la solución. La nueva Ley electoral abre la posibilidad de participación política a las fracciones antes excluidas, en un marco de mayor transparencia.

Una de estas fracciones es la UCR, cuyos dirigentes habían participado de la revolución del 90 (y quedaron fuera del “Acuerdo”), la de 1893 y 1905, en las que contaron con el apoyo de un sector del ejército. Hasta entonces se habían abstenido de participar en las elecciones anteriores regidas por el fraude. La nueva ley electoral posibilita la vigencia real del sufragio universal (masculino), y en las elecciones de 1916 triunfa el radicalismo, siendo elegido como presidente Hipólito Irigoyen.

Al principio su gobierno mantuvo una política de negociación con algunos sectores del movimiento obrero, pero cuando los reclamos persisten y se radicalizan, el gobierno reprime violentamente, dando intervención al ejército en algunos casos. La Semana Trágica, las huelgas en La Forestal, en el ingenio Las Palmas y en la Patagonia, y el aplastamiento del movimiento indígena de Napalpí, ponen en evidencia los límites del régimen social y político vigente en el período. También marca un cambio de estrategia del movimiento obrero cuya lucha pasará ahora por incorporarse al sistema social vigente. Esto coincide con un avance del sindicalismo y del partido socialista que busca ampliar la participación política por la vía electoral.

· La clase dominante

En una economía orientada al mercado externo, totalmente dependiente de los precios internacionales, y basada en su producción agrícola y ganadera, la formación de una clase dominante está necesariamente asociada a un modelo de acumulación de la propiedad de la tierra. Existe un debate acerca de las características de la clase dominante argentina, y sus efectos sobre la estructura socioeconómica.

Jorge Sábato buscó en el comportamiento especulativo de la clase, la matriz socieconómica de fines del SXIX y del S.XX. La define como comercial y financiera, tratando de obtener mayores beneficios con el menor riesgo posible. Determina que diversifican sus inversiones para reducir riesgos, y por eso se dedican al comercio y las finanzas. Esta conducta los habría compelido a contar con capital líquido a fin de poder cambiar sus inversiones según la coyuntura y aumentar sus utilidades. La limitación de su análisis es que hace extensivo a toda la clase el comportamiento de algunos sujetos. Ya vimos en el primer punto que las elites regionales debieron invertir (y arriesgar) capital para maximizar sus ganancias. También sus críticos objetan algunas de sus observaciones, Juan M. Palacios afirma que la diversificación es común a todos los sectores empresarios. La diversificación de las inversiones implica la integración y maximización de los beneficios, y es una conducta empresarial en cualquier parte del mundo. Tambien Eduardo Sartelli advierte las inversiones en maquinarias agrícolas que no tienen un retorno de inversión en el corto plazo, lo que es indicador no sólo de que asumen ciertos riesgos, sino de que fijan capital. Objeta la excesiva simplificación del análisis de Sábato, y también observa que excluye los casos particulares que no sostienen sus afirmaciones. Con respecto a la relación del Estado y la elite, donde Sábato ve una confrontación en ciertos períodos, Sartelli afirma que el Estado es de la clase, no hay independencia entre ellos.

En los distintos puntos de este trabajo se hace evidente la comunidad de intereses entre la clase dirigente y el Estado. Ya sea en el período previo a la crisis del 90, como después, por lo que no considero necesario fijar mi posición al respecto.